Los sistemas estadísticos nacionales que orientan las políticas culturales en el Perú definen la cultura desde categorías muy específicas. Con la Cartografía Cultural de Lima contrastamos esos marcos con evidencia territorial y encontramos una brecha profunda entre lo registrado oficialmente y lo que realmente ocurre en la ciudad. Esta diferencia no es solo un problema metodológico: revela cómo ciertas formas de vida cultural quedan fuera de las políticas públicas porque no encajan en las categorías que utilizan los sistemas oficiales.

Durante cinco años hemos desarrollado cartografías culturales participativas en Lima Metropolitana, trabajando con más de 200 personas de distintos barrios para documentar dónde y cómo ocurre la vida cultural en la ciudad. Este proceso nos permitió contrastar los registros oficiales con la realidad territorial y encontrar algo inquietante: existe una brecha profunda entre lo que los sistemas estadísticos reconocen como cultura y lo que realmente sostiene la vida cultural cotidiana.

En contextos de desigualdad como el peruano, los sistemas de información no son herramientas técnicas neutrales. Son dispositivos de poder que deciden qué formas de vida cultural merecen reconocimiento, recursos, protección institucional. Y qué formas permanecen invisibles.

Cuando el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU 2024) reconoce apenas 107 espacios culturales en Lima Metropolitana, mientras la Cartografía Cultural de Lima 2025 identifica al menos 530 operando en la ciudad, no estamos ante un problema de “falta de datos”. Estamos ante una disputa conceptual sobre cómo se entiende lo cultural, quién tiene legitimidad para definirlo, y qué consecuencias políticas tiene esa definición.

Es importante situar esta crítica: RENAMU no es un registro solo de Lima. Es un sistema estadístico nacional que el INEI aplica anualmente a las 1,874 municipalidades del Perú (196 provinciales y 1,678 distritales). Las mismas limitaciones conceptuales que encontramos en Lima operan en todo el territorio nacional. Pero en Lima pudimos contrastar los registros con evidencia territorial. En regiones, donde no existen estos ejercicios de contraste, la invisibilización puede ser aún mayor.

Las preguntas que guían este análisis son:

• ¿Quién define qué cuenta como cultura para los sistemas de información?
• ¿Qué queda dentro y qué queda fuera de los marcos desde los cuales medimos?
• ¿Para quién son las políticas culturales si los sistemas que las fundamentan solo capturan una fracción de la vida cultural?
• ¿Pueden existir políticas culturales justas basadas en sistemas de información que invisibilizan a la mayoría?

Estos hallazgos fueron presentados en noviembre 2024 en la Conferencia Internacional sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (PUCP), pero lo que compartimos aquí va más allá de esa ponencia: es el resultado de un proceso de investigación aplicada que cuestiona los fundamentos epistémicos desde los cuales se mide y se reconoce la cultura en el Perú.

Cuando comparamos los datos del Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU 2024, INEI) con los datos de la Cartografía Cultural de Lima 2025, encontramos una brecha profunda:

• RENAMU 2024: 107 espacios culturales registrados en Lima Metropolitana
• Cartografía Cultural 2025: 530 espacios culturales identificados

Los registros oficiales capturan aproximadamente el 20% de los espacios identificados. Esto significa que al menos el 80% están invisibilizados en los sistemas institucionales.

• Esta brecha se agudiza dramáticamente en algunos distritos:
• Barranco: 2 espacios oficiales vs 56 identificados (28 veces más)
• Comas: 0 espacios oficiales vs 16 identificados (invisibilización total)
• Villa María del Triunfo: 1 espacio oficial vs 18 identificados
• San Juan de Lurigancho: 3 espacios oficiales vs 42 identificados

Como si Comas, con medio millón de habitantes, fuera un desierto cultural. Literalmente: ningún espacio cultural registrado oficialmente.

Lo que podemos afirmar con certeza: existe una invisibilización estructural y sistemática de la mayoría de los espacios culturales en los registros que sirven de base para diseñar políticas públicas.

El gráfico anterior permite comparar, distrito por distrito, cuántos espacios culturales aparecen en los registros oficiales y cuántos hemos podido identificar en territorio. Aunque nuestros mapeos no capturan la totalidad del ecosistema cultural —algo importante de reconocer— las diferencias observadas son suficientemente consistentes como para mostrar una brecha amplia.

Para complementar esa lectura, es útil observar cómo esta diferencia se expresa en términos relativos. No se trata de reemplazar los valores absolutos, sino de sumar una perspectiva que permita dimensionar la magnitud de la brecha en cada territorio.

El mapa siguiente muestra precisamente eso: el ratio de invisibilización, entendido como cuántas veces más espacios culturales registra la Cartografía Cultural de Lima en comparación con RENAMU. En algunos distritos, esta diferencia llega a ser 20 veces mayor o más y en otros es invisibilización total con 0 infraestructuras para los registros oficiales existiendo vida cultural en el territorio. Esto revela patrones territoriales que no siempre son evidentes cuando se observan solo las cifras absolutas.

La brecha no es técnica: es conceptual

¿Qué mide exactamente RENAMU?

Para entender por qué existe esta brecha, necesitamos ser precisos sobre qué mide realmente el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU).

RENAMU pregunta a cada municipalidad distrital y provincial del país: “¿La municipalidad administró locales para uso recreacional y cultural durante 2023?”

Y las opciones de respuesta son únicamente:

• Casa de la Cultura
• Museos municipal
• Teatro o teatrín municipal
• Biblioteca municipal
• Otro local municipal

Es decir: RENAMU solo registra infraestructura cultural administrada directamente por municipalidades. Por diseño metodológico, excluye estructuralmente:

Todo lo gestionado por sociedad civil (colectivos culturales, asociaciones vecinales, organizaciones comunitarias)
Todo lo gestionado por el Estado central (ministerios, direcciones regionales de cultura)
Todo lo privado (galerías independientes, teatros privados, librerías)
Todo lo institucional (centros culturales de universidades, cooperación internacional)
Espacios públicos apropiados (plazas, parques, losas deportivas donde ocurre cultura)

Esto no es una “limitación” de RENAMU. Es su objeto de estudio: medir infraestructura municipal. El problema surge cuando este registro —que por diseño solo captura gestión municipal— se usa como el diagnóstico principal para la toma de decisiones en políticas públicas como las culturales

Acceso a la información: Hemos desarrollado un dashboard o panel interactivo con los datos de RENAMU para que puedas explorar de manera autónoma los datos de infraestructura cultural en el Perú así como sus limitaciones: Dashboard RENAMU

Lo que RENAMU deja fuera (por diseño)

Cuando solo medimos lo que las municipalidades administran, dejamos fuera la mayor parte de cómo se sostiene realmente la cultura en el país:

• Teatros locales donde ensayan grupos comunitarios
• Museos de memoria barrial construidos por vecinos
• Clubes departamentales que mantienen tradiciones de migrantes
• Librerías independientes que funcionan como espacios de encuentro
• Galerías donde artistas emergentes exponen sin intermediación
• Auditorios comunales construidos con faenas vecinales
• Bibliotecas populares sostenidas por voluntarios
• Talleres artísticos autogestivos
• Y sobre todo: espacios públicos —plazas, parques, losas, escaleras, calles— que las comunidades apropian y transforman en escenarios culturales.

Profundiza: Hemos analizado específicamente cómo los espacios públicos funcionan como infraestructura cultural democratizadora. Lee nuestro análisis: Espacios públicos de uso cultural

Esta no es cultura “menor” o “informal” que algún día debería “formalizarse” para contar como cultura “de verdad”. Esta ES la vida cultural: cómo la mayoría de habitantes ejercen sus derechos culturales, construyen identidades, sostienen prácticas comunitarias, producen sentidos colectivos.

Pero si los marcos conceptuales desde los cuales miramos solo reconocen como cultura lo que administran las municipalidades, entonces la mayoría de la vida cultural permanece invisible para las políticas públicas.

Cultura como consumo vs Cultura como derecho

La brecha conceptual se hace más evidente cuando analizamos desde qué paradigma se entiende lo cultural.

Los sistemas oficiales tienden a medir cultura desde lógicas de:

1. Consumo cultural: Se pregunta cuántas personas asisten a museos, teatros, conciertos. Se mide “acceso a bienes culturales” como si cultura fuera principalmente consumir productos culturales producidos por otros.
2. Institucionalización: Se registran espacios con gestión formal, personería jurídica, presupuesto institucionalizado. Como si solo lo institucionalizado fuera legítimo.
3. Lógica de evento: Se cuentan actividades programadas, eventos con fecha y hora definidas. Como si cultura fuera solo lo que ocurre en momentos extraordinarios y programables.

Desde este paradigma, la cultura es principalmente: ir al teatro a ver una obra, visitar un museo el domingo, asistir a un concierto en un centro cultural. Y todo eso es cultura, sin duda. Pero es solo una fracción de la vida cultural.

Lo que queda fuera de ese paradigma es cultura como dimensión de la vida cotidiana:

• La biblioteca comunitaria donde niños van después de la escuela no solo a leer sino a encontrarse
• La casa cultural donde se ensaya pero también se conversa sobre el barrio
• La plaza que los sábados se transforma en escenario pero los otros días es espacio de encuentro vecinal
• El club departamental donde se mantienen tradiciones pero también se discuten problemáticas migratorias
• El taller de artistas que no solo produce obra sino que funciona como espacio de formación no formal

Si solo entendemos lo cultural desde el consumo, desde la institucionalización, desde lógicas de evento, solo estaremos mirando una fracción de la vida cultural. Y esa fracción, además, es la que corresponde a sectores con mayor acceso a equipamientos formales, con mayor capital cultural institucionalizado, con recursos para consumir oferta cultural programada.

Mientras tanto, las formas en que sectores populares ejercen cultura —autogestivamente, en espacios apropiados, integrando cultura con vida cotidiana— permanecen invisibles.

Desigualdad territorial: Centro vs periferia

Esta tensión conceptual tiene consecuencias especialmente graves en una ciudad profundamente desigual y segregada como Lima.

El acceso a equipamientos culturales formales se concentra en Lima Centro, Miraflores, San Isidro, Barranco. Cuando vamos a territorios periféricos —Lima Norte, Lima Sur, Lima Este— los equipamientos formales prácticamente desaparecen.

Si solo miráramos con las categorías oficiales, concluiríamos que en la periferia no hay cultura. Que Comas, con medio millón de habitantes, es un desierto cultural: cero espacios registrados oficialmente.

Pero en el territorio encontramos vida cultural vibrante en todos los distritos. Lo que encontramos es que esa vida cultural se organiza de formas distintas a las del centro: más autogestiva, más comunitaria, más basada en apropiación de espacios públicos, más integrada con otras dimensiones de la vida barrial (educación, organización vecinal, activismo).

Si nuestros marcos conceptuales solo reconocen como cultura lo que se parece al modelo del centro —institucionalizado, en equipamientos formales, con recursos estables— entonces reproducimos epistémicamente la desigualdad territorial. Decimos que en el centro sí hay cultura (porque se parece al modelo) y en la periferia no (porque no se parece). Cuando en realidad, hay cultura en todos lados, pero organizada según las condiciones estructurales de cada territorio.

Y al invisibilizar el 80% del ecosistema cultural —que corresponde mayoritariamente a territorios periféricos, sectores populares, autogestión comunitaria— las políticas públicas basadas en esos sistemas de información reproducen desigualdad. La inversión cultural se concentra en equipamientos formales del centro porque es lo único que los diagnósticos reconocen. Los territorios periféricos quedan sin inversión porque oficialmente “no tienen espacios culturales”, cuando en realidad tienen muchos pero de formas que los sistemas no reconocen.

¿Quién sostiene la vida cultural en Lima?

Como señalamos en el informe analítico de la Cartografía Cultural de Lima, encontramos que de los espacios mapeados, el 62% son promovidos por la sociedad civil – colectivos culturales, asociaciones vecinales, gestión comunitaria.

Es decir: la autogestión comunitaria es el principal motor del tejido cultural en Lima. La sociedad civil sostiene la mayoría de los espacios donde ocurre cultura.

Aquí está el núcleo del problema con sistemas como RENAMU: el 62% del ecosistema cultural identificado opera en modos de gestión que RENAMU, por su diseño metodológico, no puede capturar. No es que RENAMU “no los haya encontrado”. Es que no los busca, porque su objeto de medición es otro.

Pero en muchos casos, esta autogestión no opera en condiciones de empoderamiento o fortaleza institucional. Opera en condiciones de fragilidad estructural:

Sin financiamiento estable – dependen de autofinanciamiento, rifas, eventos, colaboraciones intermitentes
Trabajo cultural mal remunerado o completamente voluntario
Sin seguridad laboral ni protección social para gestores culturales
Sin infraestructura adecuada – espacios prestados, alquileres precarios, falta de equipamiento técnico
Sin reconocimiento oficial – lo que dificulta acceso a convocatorias, créditos, protección legal

¿Dónde ocurre la vida cultural? Espacios convencionales vs. Espacios no convencionales

Otro hallazgo clave: el 75% de los espacios mapeados en nuestras Cartografías Culturales corresponde a espacios no convencionales —es decir, espacios que no fueron diseñados originalmente como equipamientos culturales.

La creatividad, la formación artística, la circulación cultural, los espacios de encuentro comunitario habitan principalmente en:

Y estos espacios presentan un patrón territorial interesante:

• Espacios no convencionales y espacios públicos: Distribuidos por toda Lima, con mayor presencia en distritos periféricos
• Equipamientos culturales: Concentrados en Lima Centro, Miraflores, San Isidro, Barranco. Acceso territorial desigual.

Pero aquí surge una tensión fundamental: los espacios no convencionales garantizan mayor distribución territorial, pero en su mayoría operan sin infraestructura adecuada, equipos técnicos suficientes, servicios básicos o protección institucional.

Es decir: los espacios alternativos y espacios públicos democratizan el acceso a prácticas culturales, pero no hay democratización de las condiciones para sostener esos espacios.

Sobre espacios públicos apropiados: La apropiación del espacio público es una forma de garantizar el derecho a la cultura. Mientras que los establecimientos pueden requerir inversión y sostenibilidad económica, los espacios públicos permiten el acceso abierto a la comunidad y la activación del territorio. Lee nuestro análisis completo: Espacios públicos de uso cultural

¿Para quién son las políticas culturales?

Entonces llegamos a la pregunta central, la pregunta incómoda:

Si las políticas culturales se diseñan sobre sistemas de información que solo capturan aproximadamente el 20% del ecosistema cultural (pudiendo ser menos), ¿para quiénes son esas políticas?

Si los registros oficiales como RENAMU:

• Solo capturan infraestructura municipal (13% del ecosistema identificado)
• Por diseño metodológico excluyen sociedad civil (62% del ecosistema)
• No reconocen espacios públicos apropiados ni espacios no convencionales (61% del ecosistema)
• Parten de una noción institucionalizada de cultura

Nuestra hipótesis es que las políticas que se diseñan sobre esos registros tienden a:

• Privilegiar equipamientos formales sobre espacios autogestionados
• Concentrar recursos en zonas céntricas donde ya existe infraestructura
• Dificultar el acceso de espacios autogestionados a convocatorias y financiamiento cuando no encajan en categorías oficiales
• Reproducir desigualdades territoriales

Esto requiere más investigación sobre cómo se diseñan y aplican políticas culturales específicas, pero los datos que tenemos apuntan en esa dirección.

Lo que no se nombra en los sistemas, no existe para las políticas públicas.

Y aquí no estamos hablando solo de una cuestión de justicia distributiva (aunque eso es importante). Estamos hablando de una cuestión epistémica: quién tiene el poder de definir qué cuenta como cultura legítima, qué merece ser medido, qué merece ser reconocido, qué merece ser sostenido.

¿Puede haber sostenibilidad cultural sin reconocer y transformar las condiciones materiales de quienes sostienen la vida cultural?

Los hallazgos que presentamos nos llevan a una reflexión incómoda sobre el concepto mismo de “sostenibilidad cultural” en contextos como el nuestro.

La tensión

Los marcos internacionales de cultura y desarrollo sostenible (UNESCO, Agenda 2030, ODS, Agenda 21 de la Cultura) plantean la sostenibilidad cultural como un objetivo central para garantizar que las prácticas culturales, el patrimonio y la creatividad puedan mantenerse en el tiempo beneficiando a las generaciones presentes y futuras.

Estos marcos hablan de:

• Fortalecer infraestructuras culturales
• Garantizar trabajo cultural digno
• Asegurar financiamiento público estable
• Proteger derechos culturales
• Promover participación comunitaria en la vida cultural

Y estos son objetivos legítimos y necesarios. No los cuestionamos en sí mismos.

Lo que sí cuestionamos es: ¿desde qué realidades se construyeron estos marcos de sostenibilidad?

Lo que encontramos en Lima

Nuestros datos muestran una realidad muy diferente a los supuestos implícitos en esos marcos:

En lugar de infraestructura cultural estable:
Al menos el 75% de la vida cultural ocurre en espacios no convencionales que operan sin infraestructura adecuada, equipos técnicos, servicios básicos o protección institucional.

En lugar de financiamiento público:
Al menos el 62% de los espacios son autogestionados por sociedad civil sin financiamiento estable, dependiendo de rifas, autofinanciamiento, colaboraciones intermitentes.

En lugar de trabajo cultural protegido:
La mayoría del trabajo cultural es mal remunerado o completamente voluntario, sin seguridad laboral ni protección social, tal como documenta el Estudio Nacional sobre Condiciones Laborales de los Artistas en el Perú (2024) del Ministerio de Cultura.

En lugar de reconocimiento institucional:
Al menos el 80% de los espacios están invisibilizados en registros oficiales, lo que dificulta su acceso a políticas, convocatorias y protección legal.

Es decir: la cultura en Lima se sostiene mayoritariamente en condiciones de fragilidad institucional y precariedad estructural.

La pregunta incómoda

Entonces surge la pregunta: ¿puede haber sostenibilidad cultural sin transformar estas condiciones?

¿Tiene sentido aplicar marcos de sostenibilidad diseñados para contextos donde existe institucionalidad robusta, cuando en Lima la cultura se sostiene a pesar de (no gracias a) las instituciones?

¿Es sostenible un ecosistema cultural donde el 62% opera en autogestión sin condiciones dignas?

No estamos romantizando la precariedad ni celebrando la autogestión como empoderamiento. Al contrario: lo que planteamos es que no puede haber sostenibilidad cultural real sin transformar las condiciones estructurales en que opera la mayoría que sostiene cultura.

No se puede construir sostenibilidad cultural sobre invisibilización del 80% del ecosistema. No se puede hablar de derechos culturales sin reconocer a quienes ejercen esos derechos autogestivamente ante ausencia estatal.

¿Para quién es la sostenibilidad cultural?

Esta reflexión nos lleva a dos preguntas más profundas:

Primera pregunta: ¿Para quién es la sostenibilidad cultural?

Si las políticas de sostenibilidad cultural se diseñan sobre sistemas de información que solo capturan el 20% del ecosistema, ¿para quién se están diseñando esas políticas de sostenibilidad?

Nuestra hipótesis es que terminan siendo políticas para sostener lo que ya está sostenido (equipamientos formales, infraestructura institucionalizada, zonas céntricas) mientras la mayoría que sostiene cultura en condiciones precarias queda excluida de esas políticas.

Segunda pregunta: ¿Desde qué noción de desarrollo estamos hablando?

Cuando hablamos de “cultura para el desarrollo sostenible”, ¿qué entendemos por desarrollo?

Si no miramos las condiciones de quienes sostienen la cultura y dónde se sostiene la vitalidad cultural, ¿desde qué noción de desarrollo estamos hablando?

¿Desarrollo como crecimiento de infraestructura formal? ¿O desarrollo como transformación de condiciones que permitan ejercer derechos culturales con dignidad?

Una reflexión necesaria (que requiere más investigación)

Sospechamos (aunque esto requiere investigación comparada) que esta tensión entre marcos de sostenibilidad y realidades de fragilidad institucional no es exclusiva de Lima.

Puede ser representativa de otros contextos del Sur Global donde:

• La mayoría de la vida cultural ocurre fuera de instituciones formales
• La autogestión comunitaria es la norma, no la excepción
• El Estado tiene presencia débil o ausente en territorios periféricos
• Las infraestructuras son precarias y los recursos escasos

Si esto es así (y es una hipótesis que debe investigarse), entonces necesitamos un diálogo crítico sobre:

¿Deben los contextos del Sur Global adaptarse a marcos de sostenibilidad diseñados desde realidades del Norte Global? ¿O esos marcos deben transformarse para reconocer y responder a nuestras especificidades? ¿Cómo construir marcos de sostenibilidad cultural que partan de epistemologías del Sur y reconozcan diversas formas de sostener cultura?

Hacia dónde apuntamos

No tenemos respuestas definitivas a estas preguntas. Pero creemos que plantearlas es urgente. Lo que sí podemos plantear como apuesta política:

• Sostenibilidad cultural debe significar transformación de condiciones, no adaptación a precariedad. No se trata de “sostener” el ecosistema cultural tal como está (precario). Se trata de transformar las condiciones estructurales para que quienes sostienen cultura puedan hacerlo con dignidad, financiamiento estable, protección laboral, infraestructura adecuada.
• Sostenibilidad requiere reconocimiento, no formalización. No se trata de “formalizar” espacios autogestionados para que encajen en categorías estatales. Se trata de que el Estado reconozca, valore y fortalezca formas no hegemónicas de hacer cultura sin despolitizarlas ni asimilarlas.
• Sostenibilidad debe medirse desde indicadores que reconozcan diversidad. No podemos medir sostenibilidad cultural solo con indicadores de infraestructura, asistencia a eventos o consumo cultural. Necesitamos indicadores que reconozcan vitalidad de prácticas culturales comunitarias, fortaleza de redes de autogestión, acceso territorial democrático, condiciones dignas para trabajadores culturales, capacidad de agencia de comunidades sobre su vida cultural.
• Sostenibilidad requiere redistribución, no solo reconocimiento. No basta con “visibilizar” o “reconocer” la autogestión. Se requiere redistribución real de recursos, poder y capacidad de decisión hacia quienes sostienen la mayoría de la vida cultural.

Disputar para existir, medir para transformar

Lo que revelan estos hallazgos es una tensión irresuelta entre registros oficiales y vida cultural real. Y esa tensión no se resuelve “mejorando datos”. Se resuelve cuestionando los marcos conceptuales desde los cuales miramos, disputando quién tiene poder de nombrar.

Cuando preguntamos “¿para quiénes son las políticas culturales?” estamos señalando que en contextos de desigualdad, los sistemas de información no son neutrales. Privilegian ciertas formas de cultura (las municipales, las institucionalizadas, las formales) e invisibilizan otras (las de sociedad civil, las autogestionadas, las comunitarias, las de espacios públicos apropiados). Y al hacerlo, reproducen epistémicamente la desigualdad territorial.

Por eso disputamos. Por eso preguntamos. Por eso hacemos visible lo invisible.

Porque en contextos de desigualdad, medir no es solo registrar. Medir es un acto político de reconocimiento o negación.

Porque lo que no se nombra, no existe. Y existimos. Y merecemos existir también en los marcos, en los datos, en las políticas, en los recursos.

Lo que documentamos en Lima es probablemente solo la punta del iceberg de una invisibilización que afecta a todo el país. Si en la capital —con mayor concentración institucional y recursos— el 80% del ecosistema cultural está invisibilizado, podemos intuir que en regiones con menor capacidad de gestión municipal, mayor informalidad y menos recursos, la brecha es probablemente mayor. Necesitamos urgentemente ejercicios similares en otras regiones del Perú para dimensionar el alcance real de esta invisibilización.

Explora más y profundiza

Este análisis es parte de un esfuerzo más amplio de producción de conocimiento sobre cultura, territorio y justicia espacial. Seguimos investigando, documentando y disputando las formas de conocer la cultura. Si quieres profundizar: